miércoles, 1 de abril de 2015

Los partidos obligan a los ciudadanos españoles a pagar los escoltas de los políticos corruptos

El ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, defenestrado por corrupción, y el matrimonio formado por Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina de Borbón, principales protagonistas del “caso Noos”, poseen una amplia escolta policial pagada por los ciudadanos con fondos públicos. No son los únicos: aparte de la Guardia Real, toda la familia regia ha pedido 400 policías en exclusividad, y todos los ex altos cargos del Ministerio del Interior con PSOE y PP, incluidos los condenados por el “caso Gal” y los descubiertos por el juez dilapidando los fondos reservados, también tienen escolta. A ellos se unen los ex ministros y los ex presidentes autonómicos, incluido Jaume Matas, condenado por corrupción pero impune.

La decisión, que procede de un “pacto” entre las cúpulas de los “aparatos” de todos los partidos, se ha adoptado con la excusa de que necesitan protegerlos “frente al terrorismo”, cuando ETA ya hace tiempo que dejó las armas.


Habitualmente son los máximos responsables de PP y PSOE los que toman la decisión de qué políticos llevan escolta y quienes no. Lo hacen en reuniones secretas de sus “aparatos”, a solicitud de los afectados, y su decisión es de obligado cumplimiento para el ministro del Interior de turno. Asi funciona la división de poderes en España.

De hecho, muchos de los altos cargos encarcelados por el “caso GAL” llevaron paradojicamemente escolta policial a la salida de prisión porque así lo habían decidido sus partidos y el ministro del Interior que pertenecía a ellos. Por eso son numerosos los políticos españoles acusados de corrupción que siguen llevando escolta por decisión de sus colegas de formación política. Es una manera de decirles que “no están solos” y evitar así que puedan colaborar con la Justicia como testigos protegidos o “arrepentidos”. A CiU y PNV se les pagan sus policías autonómicas para que ejerzan su “derecho a decidir” quien lleva escolta sin necesidad de consultar a Madrid. Y aplican los mismos criterios de “solidaridad” política.

Francisco Camps se niega a comparecer ante el juez Castro por el “caso Urdangarín” pero su excusa ha delatado algo peor: alega que no se enteró porque le dió “el día libre a sus escoltas”. los ciudadanos seguimos pagándole una protección policial que se compone de al menos dos policías nacionales con turnos de 7 horas durante todo el día, hurtados además a las prioritarias labores de seguridad ciudadana. El ministro Jorge Fernández-Díaz fue quien se la brindó a cambio de su silencio y así lo ejecutó el director de la Policía, el ex senador y ex diputado por Palencia, Ignacio Cosidó.

También el matrimonio Urdangarín-Borbón no solo tiene escolta pública sino que se la ha podido llevar a Suiza con dinero del contribuyente. El periodista Jaime Peñafiel, habitual seguidor de la realeza, ha estimado su sobrecoste en 50.000 euros anuales. Además, la Caixa de Catalunya, otra entidad bancaria fuertemente regulada por el sector público, le paga la casa (60.000 euros), el colegio de los niños (120.000 euros) y un alto sueldo (320.000 euros más la dieta por el traslado al extranjero). Fue una petición expresa del rey Juan Carlos de Borbón al presidente de la Caixa, Isidoro Fainé.

Un ministro aseguró a sus diputados que "hasta Corinna tenía escolta" cuando estaba con el rey
Un ministro aseguró a sus diputados que “hasta Corinna tenía escolta” cuando estaba con el rey

Y es que los políticos españoles se caracterizan por su escasa o nula moralidad a ojos del mundo entero, algo que sus propios ciudadanos ya habían detectado, pues en el Congreso de los Diputados se afirma que un ministro del Interior aseguró a sus compañeros de escaño que “hasta Corinna tenía escolta” y tuvo que quitársela cuando afloró el escándalo.

El presidente de Baleares, Jaume Matas, también se pasea impune con su escolta, después de haber sido condenado por los tribunales. No ha entrado en la cárcel ni entrará. Otros 45 diputados del PP han pedido el indulto para el ex alcalde de Torrevieja y ex diputado, condenado por corrupción, Pedro Hernández Mateo. Lo hicieron espoleados por el hecho de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hubiera indultado a un cliente del despacho de su hijo que iba borracho conduciendo y mató a otro conductor. El propio ex-portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Angel Rodríguez, fue sorprendido también por la policía conduciendo borracho. Hoy, lejos de haber padecido la reprobación pública de sus correligionarios, sigue impartiendo “doctrina” desde el púlpito de varias tertulias televisivas.

Es la España de la “partitocracia”, el régimen que asfixia a sus ciudadanos con gastos elefantiásicos para sus partidos, sindicatos y patronales dependientes del erario público. Entre subvenciones directas, cursos de formación y fundaciones, los partidos recibieron en España 800 millones de euros en los últimos tres años, una cantidad de tal calibre que colapsa el Estado. La más generosa es la partitocracia catalana, que paga 51 millones de euros cada trienio.
Pero a pesar de este caudaloso río de oro, la falta de cualificación y de ética de los dirigentes políticos los ha llevado a la ruina: los principales 17 partidos están en quiebra, tienen colocados a 145.000 militantes y su necesidad de dinero es cada vez mayor. Por contra, los ciudadanos españoles se han empobrecido vertiginosamente, los sueldos privados son ya la mitad que los que se abonan en el sector público, garantizados además por el Estado, con vacaciones, días libres aparte (los llaman “moscosos” por el ministro socialista que los instauró), pagas extras, sanidad privada, etc…

Enfrente, un populoso ejército ciudadano de 6 millones de parados, 2 millones de exiliados laborales, 1 millón de estafados por los bancos (la mayoría ancianos), el 60% de los jóvenes desempleados, 2 millones de niños españoles malnutridos y 8 millones de personas en el umbral de la pobreza. ¿Entienden los políticos porque su opulencia, privilegios y delictivos derroches son una continua bofetada en la cara de la dignidad de sus empleadores?

Fuente:  http://www.espiaenelcongreso.com/2013/11/18/los-partidos-obligan-a-los-ciudadanos-espanoles-a-pagar-los-escoltas-de-los-politicos-corruptos/

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