jueves, 1 de diciembre de 2011

El timo de los fondos de pensiones privados: el caso de la Universidad de Castilla La Mancha y el Banco de Santander

Gregorio López Sanz – Consejo Científico de ATTAC España

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Banco de Santander han establecido en los últimos años vínculos cada vez más estrechos a través de la firma de convenios generales y específicos de colaboración. Dichos vínculos, de manera resumida, han consistido en que el mencionado banco pone la pasta y la UCLM le abre las puertas de par en par para el desembarco preferente de sus diferentes líneas de negocio dirigidas en la comunidad universitaria.

En el convenio firmado con fecha 11-6-2004 entre el Santander y la UCLM se establecía una cláusula por la que “el Santander Central Hispano se compromete a contribuir con 60.100 euros, al Fondo de Pensiones Colectivo, en el caso de que sea abordado por la Universidad”.

El Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo de la UCLM en 2005 impulsó una Comisión Promotora para suscribir un Plan de Pensiones que finalmente se concertó con el Santander en 2007, integrándose en el Fondo de Pensiones denominado “SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO 55, F.P”. Existe una Comisión de Control paritaria de dicho Fondo, de la que forman parte 6 representantes del rectorado y 6 de las organizaciones sindicales de la UCLM. El Santander tiene suscritos planes de pensiones privados similares con otras universidades del Estado español.

Utilizando la información que aparece en el informe del tercer trimestre de 2011 referido a dicho Plan, entre julio de 2008 (fecha en que se constituye el fondo), y septiembre de 2011 cabe señalar que:

La UCLM ha aportado al mismo 3.147.838 euros en los años 2008, 2009 y 2010.

El valor de esas aportaciones (derecho consolidado) a fecha 30-09-2011 es de 2.974.360 euros. Es decir, que en 3,25 años de vigencia del fondo, su revalorización ha sido negativa en una cuantía del 5,5%. Si a esto sumamos el aumento del IPC de julio de 2008 a septiembre de 2011 (3,5%), resulta que en términos reales el fondo ha experimentado una merma del 9%.

Si las aportaciones a dicho fondo se hubieran colocado íntegramente en deuda pública española (obligaciones a 10 años), en el mismo período de tiempo mencionado anteriormente, la revalorización hubiera sido positiva en un porcentaje medio del 4,75% anual (16,3% acumulado en todo el período), con lo que hubiera compensado la erosión del IPC y aún resultaría una rentabilidad positiva del 12,8 % aproximadamente.

En la actualidad, el Patrimonio del Fondo de Pensiones de la UCLM ronda los 3 millones de euros, y el Santander obtiene una retribución como entidad gestora y depositaria del 0,5% anual. Es decir, se embolsa unos 15.000 euros/año por una gestión que produce pérdidas a los partícipes de dicho Fondo: todos/as los/as trabajadores/as de la UCLM.

Si se hubiera estudiado en su momento con más detenimiento este asunto, la UCLM debería haber constituido un Fondo de Pensiones gestionado directamente por la propia universidad, invirtiendo en deuda pública española exclusivamente, ahorrándose costes de gestión desproporcionados y colaborando con la financiación del Estado, que en definitiva es garantía de mantenimiento de servicios públicos de calidad. Puestos a innovar, y tras constatar en los últimos tiempos que las entidades financieras convencionales no nos deben inspirar demasiada confianza, la UCLM podría iniciar un proceso de creación de una cooperativa de crédito, como ya hay muchas en el estado español de carácter laboral y rural principalmente. Ello sería garantía de transparencia y participación democrática de la comunidad universitaria en un tema tan delicado como la financiación, que visto lo visto no podemos dejar en manos de administraciones públicas “que no creen en lo público”, ni en manos de entidades financieras mastodónticas, sin sensibilidad alguna hacia las necesidades de la gente.

Lo de la escasa rentabilidad de los fondos de pensiones privados, incluso negativa en muchos casos, no es nada nuevo. Es algo que viene ocurriendo desde el boom de éstos hace más de 10 años. Los datos son tozudos, y a pesar de ser de conocimiento público, las entidades financieras se siguen encargando de vendernos la moto de los fondos privados de pensiones con campañas de publicidad de color de rosa, y año tras año aumentan las familias, empresas y administraciones públicas que suscriben nuevos planes de pensiones privados. Claro, a ello también contribuyen acuerdos como el “pensionazo” alcanzado a principios de 2011 entre Gobierno y CC.OO-UGT, que reducen las pensiones públicas para el futuro, así como los estudios “independientes” pagados por las entidades financieras que siguen metiendo el miedo en el cuerpo a la gente sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones, prediciendo la quiebra del mismo cada dos por tres con argumentos falsos y mezquinos, a pesar de que nunca aciertan.

Además, si estamos por la defensa de lo público, hemos de denunciar que desde hace años, sucesivos gobiernos del Estado español, en connivencia con las entidades financieras, instauraron y mantuvieron la desgravación fiscal en el IRPF a los partícipes de planes de pensiones privados, para que consiguieran un suculento ahorro a la hora de pagar impuestos, y así, las entidades financieras pudieran captar cuantiosos recursos a largo plazo con los que especular mejor en los mercados financieros. Esta política de desgravación fiscal hace que las arcas públicas dejen de ingresar todos los años alrededor de 2.000 millones de euros, justo en unos tiempos en los que se están viniendo abajo los servicios públicos y los derechos sociales. ¿A qué esperamos a cambiar esta normativa que sólo beneficia a un pequeño porcentaje de población con rentas medias-altas?

Quien quiera tener un plan de pensiones privado, que lo tenga, pero el Estado que no deje de recaudar ni un euro por desgravaciones fiscales.

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