martes, 30 de noviembre de 2010

La familia Couso podría emprender acciones legales por las revelaciones de Wikileaks

El cámara español José Couso.

El cámara español José Couso.

Efe | Madrid

Actualizado martes 30/11/2010

Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco José Couso, fallecido en Irak el 8 de abril de 2003, ha anunciado posibles acciones judiciales, ha expresado su "indignación" y ha calificado de "gravísimas" las revelaciones de Wikileaks sobre el caso judicial de Couso.

EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en el caso Couso y otras causas judiciales, según documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks y publicados por 'El País'.

Javier Couso ha asegurado que "siempre hemos sabido que existía connivencia por parte del Gobierno español..., lo sabíamos por la gente buena que todavía existe en los entornos judiciales".

"Es algo que llevamos denunciando desde el primer momento", ha aseverado Couso.

"¿Yo me pregunto ahora dónde queda nuestra soberanía nacional?", ha opinado Javier Couso, quien ha agregado que la familia iniciará acciones legales una vez analizados en profundidad los documentos relativos al 'caso Couso' en Wikileaks y comprobado que procede.

Además ha trasladado su satisfacción por el hecho de que hay órganos judiciales que sí les defienden.

Un documento fechado en primavera de 2007 destaca que el Gobierno español estaba ayudando en el 'caso Couso', según revelan los documentos publicados por 'El País'.

Así, en abril de ese año, en un encuentro entre el entonces embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que "estaba muy implicada en el seguimiento del caso" y que "una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso".

Además en enero de 2007, Conde-Pumpido mantuvo una entrevista con el embajador Aguirre para tratar el 'caso Couso'. El fiscal general del Estado explicó que el Gobierno no podía hacer nada en este caso, pero que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.

El Mundo

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