miércoles, 9 de junio de 2010

Los altos funcionarios recurrirán el 'decretazo' ante el Tribunal Constitucional

Publicado el 09-06-2010 , por Marga Castillo Grijota

Los cuerpos superiores de la Administración Central integrados en Fedeca han decidido recurrir el Real decreto ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que conlleva, entre otras, la merma de los sueldos públicos, y "llevarán a cabo todas las acciones legales posibles para que no salga adelante" una norma que consideran ilegal e inconstitucional.

El recurso al que ha tenido acceso Expansión.com, plantea la ilegalidad del polémico decreto que ha motivado el descontento generalizado de los trabajadores públicos, que ya acumulan varios años de pérdida de poder adquisitivo y la primera huelga del sector público en ocho años.

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que aglutina a 20.000 funcionarios del Grupo A1 de la Administración General del Estado, entre ellos los abogados del Estado, planteará un recurso contencioso-administrativo. Su fin es forzar la cuestión de inconstitucionalidad contra los actos de aplicación de dicho RDL -es decir, contra las resoluciones que lo ejecutan, y no contra el propio decreto, tal como señalaba Expansión en su edición de ayer-, mediante un recurso indirecto para solicitar al tribunal competente este planteamiento ante el TC.

Para ello, se han planteado dos vías de recurso contra las medidas de desarrollo del RDL: la primera, interpuesta a través de Fedeca, y otra individual mediante de un recurso pro forma que facilitará este sindicato a sus asociados para que lo interpongan cada uno de los funcionarios afectados, señalan fuentes de la Administración Pública.

Estos funcionarios del Estado reconocen que el Tribunal Constitucional ha dejado a la apreciación discrecional del Gobierno la aprobación del decreto ley en función de la "extraordinaria y urgente necesidad" que recoge el artículo 86 de la Constitución Española. No obstante, tal y como ya señalaron en una entrevista con este periódico en la que abrieron la puerta a la posibilidad de recurrirlo, "entiende que su deber es denunciar un recorte de salarios y de recursos vía RDL cuya legalidad les plantea serias dudas".

Incongruencia
El recurso en marcha plantea dos argumentos. El primero versa sobre la congelación de las pensiones, sobre la cual se plantean cómo justifica el Gobierno la urgencia cuando dicha congelación se aplicaría seis meses después de la aprobación de la norma y, además, antes deberían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado donde podría haberse regulado la necesidad de hacerlo.

No obstante, Fedeca centra el eje de su recurso en la posible ilegalidad de la reducción de las retribuciones públicas, la cual consideran aleatoria e incongruente dado que la situación de las cuentas públicas que ahora se da por "extraordinaria" se conocía desde hace al menos dos años, a lo que se suma que hace tan sólo unos meses que el Gobierno había pactado un exiguo incremento salarial de los sueldos públicos con los sindicatos que ahora queda inexplicablemente anulado en virtud del RDL. "¿Acaso entonces no existía la urgente necesidad y ahora sí? "se preguntan los altos funcionarios.

Mala fe e inseguridad jurídica
El recurso hace hincapié también en la "mala fe" del RDL puesto que contradice una ley dictada por el Gobierno. "Una norma con rango de Ley, como el RDL, puede exceptuar, suspender o derogar a otra anterior del mismo rango, porque no existe el principio de inderogabilidad singular de leyes de carácter general por otras, como sucede en el ámbito reglamentario". Asimismo, alegan la vulneración del derecho a la negociación colectiva que recoge el artículo 31 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Otro de los motivos por los que Fedeca ve necesario el recurso ya que modifica el texto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y a estar ésta todavía vigente, vulneraría el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Finalmente, los funcionarios aluden a la infracción de derecho a la igualdad y no confiscatoriedad de los tributos que asegura, respectivamente, los artículos 14 y 31 de la carta Magna. "Si el Gobierno pretende de verdad que soporten la crisis quienes más capacidad económica tienen, debería crear un tributo o recargo complementario al IRPF", señala el texto, que añade irregularidades de procedimiento legislativo que invalidan, desde su punto de vista, el decreto ley aprobado la semana pasada en el Congreso.

Fuente:
http://www.expansion.com/2010/06/09/funcion-publica/1276072188.html

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