Mientras la crisis estrangula los bolsillos de los contribuyentes, las empresas españolas con mayores beneficios han pisado el acelerador para eludir el pago de impuestos que deberían ir a parar a las arcas públicas del Estado. En 2011, hasta 33 de las 35 sociedades que forman parte del Ibex tenía presencia en paraísos fiscales. Es decir, el 94% de ellas aparecen domiciliadas en países con un régimen tributario extremadamente favorable, sin que sus actividades estén relacionadas con la producción de bienes o servicios en esos territorios, sino con operaciones financieras de sociedades de cartera o sociedades holding.
Además, entre 2010 y 2011, añade el informe, 83 sociedades participadas y dependientes de las empresas del Ibex 35 se domiciliaron en paraísos fiscales. En total son 437, lo que supone un incremento del 23% respecto a 2010 y del 60% en relación a 2009.
"En lugar de decrecer cuando comenzó la crisis, esta tendencia ha aumentado de forma muy significativa. En realidad, todas las empresas del Ibex tienen presencia en paraísos fiscales, pero sólo dos (Inda y Sacyr Vallermoso) han informado de que efectivamente, sus operaciones se desarrollan en ese territorio", ha señalado Carlos Cordero, director del informe elaborado a partir de la información aportada por las propias empresas en sus cuentas anuales.
Se estima que la cantidad de capital eludido supera el PIB español
La investigación realizada deja pocas dudas sobre los motivos reales que se esconden detrás de estas domiciliaciones: hasta 80 empresas españolas tienen como sede los dos mismos edificios, con exacta dirección postal, en una pequeña ciudad de Delaware (EEUU). "Supongo que comparten los gastos de luz", ha ironizado Cordero.
El Banco Santander es quien encabeza la lista de empresas con mayor número de sociedades en paraísos fiscales (72 en 2011, el doble que en 2009), seguido de ACS (71), BBVA (43), Repsol YPF (43) y FCC (26), que en su mayor parte escogen como destino principal Delaware, en EEUU (115), Holanda (85), Luxemburgo (30), Irlanda (29), Suiza (24) y Hong Kong (23), entre una larga lista.
"El resultado del indicador sobre el número de empresas que cuentan con una política fiscal accesible a todas las partes interesadas, que haga mención a los criterios para aprobar operaciones e inversiones en paraísos fiscales es cero, no lo cumple ninguna empresa de las analizadas", cita el estudio. "Ninguna informa de los impuestos que paga o las subvenciones que recibe en los países donde tributan".
Aunque es difícil saberlo, se estima que la cantidad de capital eludido por las empresas españolas en paraísos fiscales supera el total del Producto Interior Bruto de España.
Opacas y sin compromiso social
Pero más allá de los datos sobre su tributación, el informe pone de manifiesto el escasísimo compromiso de estas empresas en cuestiones de transparencia y de respeto hacia los derechos humanos, laborales y sociales a los que está vinculada su actividad.
Por ejemplo, en relación a la corrupción, si bien un 80% de las empresas aporta información sobre sus códigos de conducta en los procedimientos anticorrupción, en la realidad sólo un 3% hace pública la cantidad de dinero donado, préstamos condonados o aportaciones dadas a instituciones y partidos políticos con desglose por país y mención a la entidad en concreto. Sólo el 31% informa sobre cómo actúa para prevenir la corrupción y soborno entre empresas y apenas un 17% para prevenir la corrupción por parte de funcionarios, índices que bajan con respecto a años anteriores.
El informe revela que 34 consejeros de estas empresas (el 7%) habían tenido anteriormente cargos en la administración pública. La mayor parte se concentraba en 19 de las 35 sociedades.
"Tenemos un problema grave de puerta giratoria. Si hacemos un análisis de quiénes ocupan las juntas directivas en España esto se ve claramente", señala Cordero.
Con respecto a evaluar el impacto y las consecuencias negativas que su actividad tiene tanto para las comunidades como para los territorios donde operan, el suspenso es rotundo. Sólo 5 empresas tienen un compromiso expreso con la protección de los derechos laborales, únicamente dos dan información sobre el porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos, la presencia de mujeres en sus consejos de administración no supera el 12% y apenas tres empresas informaron sobre el impacto de su actividad en el medio ambiente de forma cuantificada y valorada, por citar sólo algunos de los 550 indicadores estudiados.
"Si no conseguimos adelantar en estándares de transparencia, difícilmente podemos avanzar en cuestiones de confianza", ha afirmado Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio.
